¿Piensa que todos sus vecinos disponen de agua potable cuando abren el grifo? Pues la respuesta es NO.

Cada día se cruzará con personas que basan su consumo de agua en la ingesta y utilización de agua embotellada que han de adquirir a un precio bastante elevado. Pero ¿por qué se producen estas situaciones? La realidad nos demuestra que el proceso constructivo no siempre estuvo ligado al cumplimiento de normas urbanísticas, sino que, dependiendo de la fecha y situación de los terrenos, se construyeron viviendas que un día estuvieron en pleno campo, sin embargo las ciudades han ido creciendo y esas viviendas aisladas han pasado a ocupar parte del entramado urbano.     Algunas de esas viviendas pueden ser legalizadas porque cumplen con las normas urbanísticas que hoy están vigentes, y otras no, de manera que se dan situaciones en que las personas se ven obligadas a prescindir de agua potable en sus tuberías hasta que se comience un proceso urbanizador que en la gran mayoría de los casos se demorará por decenios y mientras los vecinos han de vivir sin agua. En otros casos la situación es bastante diferente pues se han comprado viviendas “sobre plano” y el constructor ha abandonado la construcción sin acabar las obras de urbanización, así que los vecinos tienen sus viviendas acabadas, han pagado el precio total de las mismas, pero las obras de urbanización se han dejado a medias y el Ayuntamiento no les permite conectarse a la red pública de abastecimiento de aguas. Otra de las situaciones que se están produciendo últimamente es la utilización de edificaciones sin licencia como consecuencia de los desahucios por impago de los préstamos hipotecarios, situaciones en que las familias han de ir a vivir a cualquier sitio antes de quedarse literalmente en la calle. Por último, tenemos los casos que se han calificado como de “pobreza energética” en la que un inmueble está conectado a la red de abastecimiento de aguas pero por no poder pagar su ocupante los recibos de la empresa suministradora se ve privado de ella. En definitiva, las situaciones en que nuestros vecinos se ven privados de agua potable son de lo más variopintas, pero debemos ser conscientes de que ésta es la realidad de nuestros días.
Quienes no tengan conocimiento de este tipo de casos se preguntará cómo es posible que existiendo campañas humanitarias en los diferentes medios de comunicación, para facilitar el acceso al agua potable a la totalidad de los ciudadanos de los países emergentes y en vías de desarrollo, estemos conviviendo con personas, que en un país desarrollado como el nuestro, no dispongan del líquido elemento, pues a diario vemos en televisión a personas en extrema situación de pobreza que no tienen agua y para buscarla de un pozo han de caminar varios kilómetros cada día y aquí parece que esta situación no se produce. La respuesta hemos de buscarla en las normas urbanísticas y en la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Sería muy largo de explicar cómo se produce la distribución de competencias entre las diferentes Administraciones que adoptan las decisiones por las que nos vemos afectados los ciudadanos, pero en resumen se puede afirmar que son los Ayuntamientos quienes deciden a qué vecinos se les permite el acceso al agua potable y a quiénes no y la decisión se basa exclusivamente en las normas urbanísticas y así, cuando un terreno ha sido urbanizado y el Ayuntamiento da la conformidad, permite la conexión a la red de suministro de agua potable y a otros servicios, de tal suerte que si no se reúnen los requisitos los terrenos no accederán a la misma. Sin embargo no siempre es así, y existen terrenos en Jerez de la Frontera, calificados como suelo urbano no consolidado donde se permite el acceso al agua potable a unos vecinos y a otros no, lo que genera una situación de discriminación sin justificación alguna pues si los terrenos no están debidamente urbanizados no se les debe permitir el acceso al agua potable a ninguno de los vecinos, y si se da acceso a este preciado bien a algunos de ellos se les debería dar a todos, pues no es admisible que el Ayuntamiento respete las normas y exija su cumplimiento solo a determinados vecinos y no a todos. Las razones que justifican estas decisiones por parte de las personas que ocupan en cada momento el puesto de la Alcaldía a mí no me son conocidas, pero es manifiestamente injusto pues a los ciudadanos se les debe dar un trato equitativo sin establecer diferencias injustificadas que redunden en claro perjuicio para determinados vecinos o se beneficie excesivamente a otros dejándolos al margen de la Ley en su propio interés.
Desde nuestro despacho se ha iniciado la vía previa a la judicial, mediante presentación de solicitud en el propio Ayuntamiento con fecha de entrada 10 de enero de 2017, para evitar este tipo de injusticia y se dé igual trato a todos los habitantes del municipio. Depende de la Alcaldesa que se reparen este tipo de agravio con facilidad o que se deba acudir a los Tribunales para dar solución a estos problemas vitales, y por ello le recomendamos que si está en una situación similar contacte con nuestro despacho para buscar una solución justa o solicite Justicia Gratuita para que un abogado especialista en Derecho Administrativo pueda ayudarle a conseguir lo más importante: que todas las personas puedan disponer de agua potable.

Cristina Acevedo