IMPUESTOS, ADUANA Y ALIEXPRESS…

Desde hace unos años se han normalizado las compras por internet de todo tipo de productos y a todo tipo de empresas, pero debemos ser conscientes de las obligaciones fiscales que nos vinculan. El precio más ventajoso de los productos es consecuencia, en parte, de los diferentes regímenes fiscales de los distintos países, de tal manera que en China no pagamos IVA, por lo cual debemos pagarlo al importar el producto, es decir, cuando nos llega a nuestro domicilio. Existe también un arancel de importación que debemos satisfacer junto con el IVA. No obstante, la Agencia Tributaria establece unos mínimos que quedan exentos de tal manera que, aun cuando se produce el evento que legalmente nos obliga a pagar impuesto y arancel, supone una excepción por su escasa cuantía y así se distinguen los siguientes supuestos:
Compras en Internet cuyo remitente es una empresa
Valor menor o igual de 22€………………………………………………………..   0% arancel – 0% IVA
Valor superior a 22€ e inferior o igual a 150€……………………………   0%arancel – 21% IVA
Valor superior a 150€………………………………………………………………. 2,5%arancel – 21%IVA

Por tanto, para el caso en que sus compras superen las franquicias anteriores, deberá presentar una Declaración de Importación y pagar a la Agencia Tributaria los aranceles y/o impuestos relacionados.

Cristina Acevedo

Si cambio de comunidad autónoma ¿qué hago con el microchip del perro?

Como sabemos el microchip es un sistema de identificación animal por el cual se asigna un código a una pequeña pieza que se inserta bajo la piel del animal. Es de muy pequeño tamaño, aproximadamente como un grano de arroz, y no hay que sedar a nuestras mascotas para implantarlo. Una vez colocado, basta acercar un lector al animal para detectar la numeración, y por consiguiente, para identificar al animal y a su propietario. En Andalucía es obligatorio ponerlo a todos los perros y gatos, lo cual posibilita que en caso de pérdida o sustracción el animal pueda ser perfectamente identificado. La carencia del identificador se considera en Andalucía una infracción grave, pudiéndose imponer multas de 501 a 2000 euros. Asimismo se asocia la numeración del microchip a la persona propietaria con sus datos de localización por lo tanto, cuando se cambia de dueño o de domicilio hay que notificarlo al registro que se abandona y al nuevo que corresponda para que pueda modificarse la inscripción. En definitiva el microchip tiene una función muy similar a nuestro DNI. No obstante, lo que parece que genera un poco de confusión es el cambio de comunidad autónoma, por lo cual dejamos dos enlaces: el primero, donde se explica qué es el microchip y el segundo donde se explica de manera sencilla cuál es la tramitación que el veterinario debe seguir para dar de baja la inscripción del animal en una comunidad autónoma y el alta en otra, junto con el formulario que se ha de cumplimentar.

https://www.raia.es/
http://www.reiac.es/news.php?id=7&lang=ESP

Para cualquier cuestión no dude en contactar con nuestro despacho.

Cristina Acevedo

CUENTO DEL GUARDIÁN QUE NO QUERÍA VER

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Una bonita ciudad del sur de España, donde la gente era alegre porque el sol y el aire del mar inundaba sus vidas, pero todos estaban preocupados pues no tenían en qué trabajar. Un día uno de los ciudadanos decidió que no iba a seguir siendo pobre así que decidió violar una ley que para el resto de ciudadanos era sagrada. Se fue a un lugar apartado de la ciudad y compró un trozo de tierra donde siempre se había cultivado. Allí había plantas especiales que no podían cortarse porque eran propias de otros países y éstas eran las únicas que crecían fuera de aquellos lugares, así que habían conseguido vivir como una más entre otras plantas y flores de la bonita ciudad y si se arrancaban podían desaparecer para siempre. El ciudadano llegó un día, decidido a no pasar más miseria, y aplastó el suelo con máquinas enormes y ruidosas y comenzó a poner murallas al campo y donde antes había árboles y plantas especiales emergió el cemento como si fuera la lava de un volcán, derramándose por todo el suelo. Para hacer los caminos trajo escombros de otros lugares y los tiró en el suelo para que otras máquinas siguieran cambiando la tierra por cemento. Muchos animales murieron porque ya no tenían dónde comer y las plantas y los árboles quedaron encerrados en las murallas, así que ya no se podían ver y ni siquiera se sabía si las plantas especiales seguían vivas o si se habían arrancado a pesar de que eran una especie protegida.

Pero el ciudadano pensó que ya no era suficiente dejar de tener miseria, sino que podía hacerse rico y la codicia se apoderó de él así que se propuso construir un reino dentro de sus murallas. Para ello dividiría su tierra en varios trozos que también serían amurallados y los vendería a otras personas que quisieran violar la ley sagrada a cambio de un precio. Pensó que él sería el rey y el resto de ciudadanos serían sus príncipes. Al poco tiempo otros ciudadanos comenzaron a comprar porque tenían dinero y siguieron construyendo sus casas, sus piscinas y todo lo que tuvieron por conveniente. Sin embargo hubo un príncipe que se dio cuenta de cómo el rey se hizo rico y pensó que si él le había comprado su principado por 10.000 € y lo vendía por 50.000€ podría hacerse rico igual que su rey, así que lo puso en venta.

Ocurrió entonces que los ciudadanos de la bonita ciudad acudieron a su dirigente para avisar de que la ley sagrada se había violado, creyendo éstos que al encontrarse el campo amurallado en una zona lejana su dirigente no lo había visto. Cuando el dirigente se enteró de que otro ciudadano se estaba haciendo rico violando la norma sagrada tomó la decisión de no permitirlo y dijo solemnemente que dejaría el campo otra vez como estaba, sin murallas, sin caminos….pero el tiempo pasaba y como no hizo nada por impedirlo cada vez había más casas y ya no se veía la tierra porque todo era cemento gris, así el dirigente estaba contribuyendo a que los príncipes ganaran dinero violando la norma sagrada….

Nuestro cuento no tiene un final feliz, sino todo lo contrario, la inactividad y tolerancia del Ayuntamiento está propiciando una especulación inmobiliaria atroz. Pero la pregunta es ¿por qué el Ayuntamiento no persigue la violación de las normas cuando se ha comprometido formalmente? ¿Acaso no nos repugna la idea de que la policía “mire para otro lado” cuando se está cometiendo un delito y puede evitarlo? Pues la cuestión radica precisamente en “poder evitar”, porque las normas se violan a diario pero la tolerancia hacia esos comportamientos de las personas que tienen la facultad y la obligación legal de evitarlo y no lo hacen, les convierte en los mayores responsables. En estos días oíamos una noticia sobre la detención de una persona porque expulsó por la fuerza a otra de su domicilio, a la que popularmente conocemos como “ocupa” y la razón es que no se puede ejercer un derecho propio con violencia, por tanto, si yo no puedo actuar con violencia para ejercer mis derechos y la autoridad competente, en este caso el Ayuntamiento, no lo hace ¿cómo se restablecen las normas infringidas? Si ya es preocupante que no se adopten las medidas legales a las que el Ayuntamiento está obligado, mucho más preocupante resulta que alguien se esté enriqueciendo vilmente a costa del incumplimiento de las leyes y de la inactividad del Ayuntamiento. Llevamos ya muchos años de crisis y el origen de la misma se ha situado con frecuencia en la “burbuja inmobiliaria”, en la “especulación inmobiliaria” y parece como si nosotros no fuéramos capaces de generar este tipo de situaciones, pero la especulación inmobiliaria en Jerez se vuelve a producir cuando parcelas ilegales con construcciones más ilegales aún si cabe, se venden por el precio de un piso en plena ciudad con todos los permisos y licencias otorgadas. ¿A qué espera nuestro Ayuntamiento para dar cumplimiento a las normas si conoce sobradamente que el incumplimiento legal se está produciendo y así lo certifica?

…Y cuando el rey hubo vendido los principados, se fue a otro lugar cercano del anterior, a comprar otro trozo de tierra para fundar un nuevo reino ilegal….

Cristina Acevedo

¿POR QUÉ NO SE APLICA EN JEREZ LO SE APRUEBA EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO?

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Hace más de un mes publicamos en nuestra web una situación que reflejaba una triste realidad y es que no hay que irse al “Tercer Mundo” para que las personas no tengan  agua potable a su disposición, sino que a algunas de esas personas las tenemos por vecinos y vecinas. También indicamos que se había iniciado la vía administrativa para ver si se podía conseguir que el Ayuntamiento autorice la conexión a la red de abastecimiento de aguas sin tener que acudir a los Tribunales, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna. El motivo por el cual se pretende obtener el acceso a tan preciado bien sin necesidad de juicio es obvio, al ciudadano le favorece porque consigue lo que necesita, se ahorra tiempo y se ahorra también pagar indirectamente los gastos que conlleva el hecho de que su Ayuntamiento, por no dar debida respuesta a las peticiones ciudadanas, se vea inmerso en largos y costosos procedimientos judiciales, debiendo recordar que el dinero del Consistorio no “cae del cielo” sino que procede de la recaudación de impuestos, de las multas, etc. En definitiva, que cuando un Ayuntamiento no contesta y se espera a que le pongan una demanda no hace un uso correcto del dinero de todos, de tal suerte que después no queda dinero para comprar autobuses, para los vehículos policiales, y otras cuestiones de gran interés para la ciudadanía.

Si analizamos la postura del Ayuntamiento respecto del agua potable, se ve una clara intención, en apariencia, de hacer llegar este bien tan necesario a la totalidad de sus vecinos mediante su reconocimiento como derecho fundamental y así se define en Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, celebrado en sesión ordinaria el día 30 de septiembre de 2015, en relación al punto 15 del Orden del Día donde se afirma:

 “…EL AGUA NO ES UNA MERCANCÍA, SINO UN BIEN COMÚN Y UN DERECHO FUNDAMENTAL, ADEMÁS DE ELEMENTO ESENCIAL PARA LA VIDA.”

Esta declaración es plenamente coherente con lo publicado en nota de prensa de 8 de agosto de 2015, que se recoge íntegramente en la web del Ayuntamiento, respecto de los vecinos de la Hijuela de la Marquesa donde se contiene la siguiente información:

Los tenientes de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, Jose Antonio Díaz, y de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, han mantenido una reunión con los vecinos de la Hijuela de la Marquesa, un núcleo de 35 viviendas que no cuentan con agua potable, ni alcantarillado y que tampoco tienen urbanizada la zona.

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Francisco Camas, explica que se trata de un núcleo rural en una zona muy urbanizada, junto a la Ciudad de los Niños. “Desde Urbanismo se va a analizar globalmente la situación de esta zona y las circunstancias de cómo se ha llegado a esta situación y, por supuesto, se va a trabajar para encontrar una solución para los vecinos ya que es inadmisible que en pleno siglo XXI y dentro del núcleo urbano haya una zona de viviendas sin agua potable ni alcantarillado”.

En esta misma línea incide el teniente de alcaldesa, José Antonio Díaz, “es difícil de entender que 35 viviendas, ocupadas en su mayor parte por personas mayores, estén aún sin agua potable en sus casas, sin un sistema de alcantarillado y con la zona sin urbanizar. Un núcleo que, además, está ubicado junto a la Ciudad de los Niños y en una zona muy urbanizada”. Díaz asegura que “desde Sostenibilidad, Participación y Movilidad, ya se están haciendo las oportunas gestiones con la empresa Aquajerez para analizar la situación y ver de qué manera se les puede suministrar agua potable a estos vecinos ya que este suministro de agua debe ser una prioridad. Nos parece una situación tercermundista que haya un núcleo de población que, por las circunstancias que sean, se encuentren sin agua potable en sus viviendas”.

 

Según se afirma en Andaluciainformacion.es, en 21 de agosto de 2016, en un artículo publicado por Rocío Alfaro, refiriéndose al delegado de Sostenibilidad, Infraestructuras y Movilidad, José Antonio Díaz:

“Díaz, por su parte, se comprometía a no dejar el caso y avanzaba que se estaban haciendo “gestiones” con la empresa Aquajerez para analizar la situación y ver de qué manera se les puede suministrar agua potable a estos vecinos “ya que este suministro de agua debe ser una prioridad”. Nos parece una situación tercermundista que haya un núcleo de población que, por las circunstancias que sean, se encuentren sin agua potable en sus viviendas”. Unas afirmaciones en las que se mantiene a día de hoy, asegurando que hay que dar “una solución definitiva” a estos vecinos y calificar de “lamentable” que todavía hoy se den estas situaciones en Jerez y que los gobiernos anteriores no le hayan metido mano.


Si bien en estos momentos  es imposible que el Ayuntamiento y los vecinos asuman la urbanización de los terrenos, cuyo coste rozaría los dos millones de euros, Díaz sí ve factible soterrar una tubería y llevar la acometida del agua  a cada casa y colocar contadores individuales. Una opción “asequible” y que cada familia podría costearse de su bolsillo.  El futuro desarrollo urbanístico de este enclave, al que el Ayuntamiento de Jerez no renuncia, obligaría además a crear una junta de compensación, un proceso que además implica la  “unión de los vecinos”.

 

La imagen pública del Ayuntamiento aún sale más reforzada cuando nuestra Alcaldesa preside uno de los eventos más importantes a nivel mundial: el Congreso IWA 2016.

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En la nota de prensa de 12 de abril de 2016 que se publica en la web del Ayuntamiento, de la cual procede la fotografía anterior,  se indica:

“IWA 2016 colocará a Jerez en el centro del debate internacional sobre la gestión del agua durante los cuatro días de celebración del evento, y será una excelente ocasión para mostrar internacionalmente el desarrollo del sector en nuestro país dando a conocer las mejores prácticas y tecnologías en los usos y gestión del agua. El evento supone además un ejemplo de cómo administraciones públicas y empresas especializadas pueden colaborar juntas a la hora de desarrollar iniciativas de gran valor añadido y con un gran potencial de mejora para las sociedades en las que se implementan estos proyectos”

Asimismo el  Partido Socialista Obrero Español, como tal, es uno de los participantes de la reunión fundadora de la Coordinadora del Agua de Jerez, en cuya página web aparece un apartado permanentemente en el que se nos invita a firmar para que el Parlamento Europeo declare el agua como “derecho esencial humano”.

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Por tanto, con estos antecedentes ¿por qué el Ayuntamiento ni siquiera contesta a sus vecinos cuando le solicitan el acceso al agua potable? Con unos se ha comprometido a hacerlo en 2015 y todavía no tienen agua y a otros, cuyas tuberías pasan literalmente por la puerta de su casa ni siquiera le dan respuesta. A estas alturas cabe preguntarse si los participantes del Congreso IWA 2016 sabían que en nuestra ciudad hay personas que no pueden ducharse con agua potable, o lavar su ropa con agua limpia, o lo que es peor, oír a una señora que tiene que lavar a su marido, enfermo de Alzheimer a cubos (publicación de La Voz del Sur en Youtube):

https://www.youtube.com/watch?v=z5nunw-JPCU&feature=youtu.be

Sin embargo las mayores felicitaciones las tenemos que escuchar en estos días porque la fuente de la Plaza del Arenal, que sin duda es un símbolo de Jerez, entrará otra vez en funcionamiento el día 22 de marzo para conmemorar el Día Mundial del Agua. La noticia ha sido publicada en varios medios y citamos nuevamente a La Voz del Sur, que en 10 de enero de 2017, precisamente el mismo día en que se presentó el último escrito dirigido a la Alcaldía para pedir, una vez más, el acceso al agua potable,  indicaba:

Con el Año Nuevo, la tenencia de Alcaldía de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, que dirige el socialista José Antonio Díaz, se ha empeñado en poner remedio a esta sequía que tanto afea la ciudad. Para empezar, según ha adelantado a lavozdelsur.es, negocia con Aquajerez, la empresa concesionaria de la explotación del ciclo integral del agua, el patrocinio de la reparación y puesta en funcionamiento de la fuente del Arenal.

Una avería cuyo presupuesto de subsanación asciende a unos 60.000 euros y que, en estos momentos, el Ayuntamiento no puede asumir. La idea, ha avanzado, es “llegar al 22 de marzo, Día Mundial del Agua, con la fuente otra vez en marcha; no sé si llegaremos a esa fecha pero es una absoluta prioridad“.

Resulta absolutamente penoso que el agua potable de las personas, de nuestros vecinos, en palabras de esta misma persona fueran una “prioridad” y la fuente una “absoluta prioridad”. Quizás si fuera un familiar suyo con Alzheimer quien tuviera que ser bañado a cubos con agua no potable las prioridades serían diferentes.

En 17 de febrero pasado, y sin haber recibido respuesta de la Alcaldía permitiendo el acceso al agua potable, el mismo diario La Voz del Sur publica:

En concreto, y como ya se adelantó este medio, será el 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, cuando se produzca esta deseada ‘resurrección’, según han anunciado la alcaldesa, Mamen Sánchez junto al teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, José Antonio Díaz,…

El teniente de alcaldesa, José Antonio Díaz, ha manifestado que “el Gobierno esta muy satisfecho por la recuperación de esta fuente. Se van a llevar cabo trabajos para renovarla de forma definitiva, ya que el Gobierno del PP lo único que hizo fue reparaciones puntuales que no dieron soluciones a los verdaderos problemas de funcionamiento de la fuente. De hecho, cuando me hice cargo de Infraestructuras, el 72 por ciento de las fuentes de la ciudad estaban averiadas, por lo que el objetivo es revertir el deterioro heredado”.

Asimismo, José Antonio Díaz ha adelantado que el Ayuntamiento en colaboración con Aquajerez lanzará una campaña de concienciación coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua dirigida a la sociedad jerezana.

¿Debemos entender que la sociedad jerezana necesita una campaña de concienciación, cuando nuestros políticos prefieren ver agua en una fuente pública (asunto zanjado en 2 meses) y negarla a las personas comprometiendo su vida y su salud, que desde 2015 están esperando a que cumplan lo prometido?  Debemos recordar que el Teniente de Alcaldesa entendía que se podía soterrar una tubería y llevar la acometida del agua a cada casa y colocar contadores individuales.  ¿De verdad esta solución no ha podido ser estudiada desde agosto de 2015 hasta febrero de 2017, cuando lo iban a pagar los vecinos y en cambio la reparación de una fuente  por un importe bastante elevado se soluciona en dos meses? Todavía no se ha recibido respuesta a la petición formulada en 10 de enero de 2017, así que  el 22 de marzo la fuente lucirá hermosa e iluminada y  habrá hasta quien pueda “celebrar” el Día Mundial del Agua, pero nuestros mayores seguirán cogiendo agua de una fuente y bañando a sus enfermos como en la posguerra, con cubos.

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Publicaciones citadas:

http://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/Ayuntamiento/PLENOS_2015/30.09.2015_Certificados_.pdf http://www.jerez.es/nc/webs_municipales/prensa/noticia_simple_prensa/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=7&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13976&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31467&cHash=b836ac3c78d10ede2e6b549173b0da48

http://www.diariodejerez.es/jerez/Gestiones-potable-nucleo-Hijuela-Marquesa_0_942506304.html

http://www.jerez.es/nc/webs_municipales/prensa/noticia_simple_prensa/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=7&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13976&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31467&cHash=b836ac3c78d10ede2e6b549173b0da48

http://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/616300/sin-agua-potable-en-casa-ni-alcantarillado-en-pleno-siglo-xxi/

http://www.lavozdelsur.es/20-familias-sin-agua-potable-en-la-quinta-ciudad-de-andalucia

http://www.lavozdelsur.es/el-ayuntamiento-quiere-resucitar-la-fuente-del-arenal-coincidiendo-con-el-dia-mundial-del-agua

http://www.lavozdelsur.es/el-agua-volvera-brotar-de-la-fuente-del-arenal-el-22-de-marzo

http://www.jerez.es/nc/webs_municipales/prensa/noticia_simple_prensa/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=7&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13976&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31467&cHash=b836ac3c78d10ede2e6b549173b0da48

http://www.jerez.es/nc/webs_municipales/prensa/noticia_simple_prensa/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13976&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35965&cHash=238d70aff0dd61dbcdae624d24fdabff

 

Cristina Acevedo

 

 

 

EN JEREZ, UNA MULTA POR ESTACIONAMIENTO EN ZONA AZUL: 100€. CONSTRUIR ILEGALMENTE UNA SEGUNDA VIVIENDA EN ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN: GRATIS

sin-titulo2Desde hace unos días no dejamos de oír y comentar que quizás la sentencia del “caso Nóos” nos ha defraudado porque tras la repercusión mediática que ha tenido, pudiera parecer que la sentencia “se ha quedado corta” debido a la clase social a la que pertenece una de las intervinientes y su cónyuge. En nuestro despacho no hemos estudiado las actuaciones y por ello ni siquiera podemos hacer una valoración acerca de si la resolución es ajustada a Derecho o no, y no cometeremos el error de juzgar exclusivamente por lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación.

En cambio sí podemos mostrar nuestro desacuerdo cuando en nuestra bonita ciudad, si aparcas en zona azul e infringes la norma (1. Estacionar sin distintivo habilitante. 2. Rebasar el tiempo autorizado de estacionamiento en el distintivo que lo habilita. 3. Rebasar el tiempo máximo autorizado en la zona de O.R.A ) te pueden sancionar con hasta 100€ de multa y retirada del vehículo por la grúa:  1. Cuando el vehículo permanezca estacionado en zonas de estacionamiento regulado y limitado sin colocar el distintivo habilitante. 2. Cuando el vehículo rebase el triple del tiempo autorizado por el distintivo que lo habilita. La norma donde se regula es la Ordenanza Municipal de Circulación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

No hace falta hacer referencia al hecho de que si no te das prisa en anular el aviso de denuncia, que es lo que nos deja el vigilante en el parabrisas, por un módico precio de 3,65€ si hemos sobrepasado el tiempo pagado o de 8,65€ por no haber puesto el ticket, la multa llega en un breve periodo de tiempo. Estas circunstancias, aunque nos resulten muy molestas, son la consecuencia del cumplimiento de una norma, por tanto, nos parecerá injusto porque no siempre nos excedemos del tiempo por nuestra culpa o pueden concurrir circunstancias de tremenda urgencia en que no compremos el ticket, pero es legal.

El problema viene cuando en la zona externa de la ciudad existen zonas rurales, protegidas por la Administración por concurrir en ellas una serie de caracteres que la hacen merecedoras de una especial protección y determinadas personas realizan obras para la construcción de segundas viviendas, con su propia antena de TV, aire acondicionado, y algunas incluso con piscinas… todo ello sin tener licencia municipal ni posibilidad de obtenerla, pues son obras radicalmente nulas y nunca legalizables, conforme a lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El artículo 319 del Código Penal establece:

  1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
  2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable.

En estos casos, y con independencia de que se pueda entender que a los promotores se les pudiera atribuir la comisión del delito establecido en el artículo 319 citado, el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone:

Artículo 47. Iniciación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística.

  1. El acuerdo de inicio del procedimiento, previos los informes técnicos y jurídicos de los servicios competentes, habrá de ser notificado al interesado y deberá señalar motivadamente si las obras o usos son compatibles o no con la ordenación vigente o si son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística. En su caso, se advertirá al interesado de la necesidad de reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la legalización.

El interesado dispondrá de un plazo de audiencia no inferior a diez días ni superior a quince para formular las alegaciones que estime oportunas.

  1. Cuando las obras o usos pudieran ser compatibles con la ordenación urbanística vigente, se requerirá al interesado para que inste la legalización en el plazo de dos meses, ampliable por una sola vez hasta un máximo de dos meses en atención a la complejidad de la actuación, o proceda a ajustar las obras o usos al título habilitante en el plazo previsto en el mismo.

Si el interesado instare la legalización o, en su caso, ajustare las obras o usos a la licencia u orden de ejecución, se suspenderá la tramitación del procedimiento de protección de la legalidad urbanística hasta la resolución del procedimiento de legalización previsto en el artículo 48.

  1. Transcurrido el plazo que se establece en el apartado anterior sin haberse ajustado las obras o usos a las condiciones señaladas o sin haberse instado la legalización, la Administración pública actuante procederá a realizar cuantas actuaciones considere necesarias para comprobar la procedencia o no de dicha legalización, y, en consecuencia:
  2. a) Si procediera la legalización, acordará la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de la obra realizada y, en todo caso, como mínimo de 600 euros hasta que se inste la legalización o se ajusten las obras o usos a las condiciones señaladas. Una vez impuesta la duodécima multa coercitiva sin haber instado la legalización, o realizado el ajuste en los términos previstos en la licencia o en la orden de ejecución, se ordenará la reposición de la realidad física alterada a costa del interesado.
  3. b) Si no procediera la legalización, se acordará la continuación del procedimiento mediante la reposición de la realidad física alterada de conformidad con el artículo 49.
  4. c) Cuando se trate de obras que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, se procederá en la forma prevista en el artículo 52.

Artículo 52. Obras manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística.

  1. 1. El Ayuntamiento o la Consejería con competencia en materia de urbanismo, en su caso, sin perjuicio de la correspondiente medida de suspensión acordada, dispondrá la inmediata demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, previa audiencia del interesado, en el plazo máximo de un mes.
  2. Se entenderá a estos efectos que las actuaciones son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística:
  3. a) Cuando exista una previa resolución administrativa denegatoria de la licencia para la ejecución de las obras objeto del procedimiento.
  4. b) Cuando la ilegalidad de las obras o edificaciones resulte evidente de la propia clasificación o calificación urbanística y, en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o urbanización sobre suelos no urbanizables, y cualesquiera otras que se desarrollen sobre terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales o dotaciones públicas.
  5. c) En los supuestos de actos sujetos a licencia urbanística realizados sobre terrenos de dominio público sin haber obtenido previamente la correspondiente concesión o autorización demanial.
  6. El procedimiento de reposición de la realidad física alterada regulado en este artículo se iniciará mediante acuerdo declarativo de la causa de incompatibilidad manifiesta con la ordenación urbanística, fundamentado en los pertinentes informes técnico y jurídico. Se concederá audiencia a los interesados por un período no inferior a diez días ni superior a quince. En el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento, se procederá a dictar resolución acordando la demolición de las actuaciones de urbanización o edificación, debiendo procederse al cumplimiento de la resolución en el plazo señalado en la misma, que en ningún caso será superior a dos meses. En caso de incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior, una vez transcurrido el plazo que se hubiere señalado para dar cumplimiento a la resolución, deberá procederse en todo caso a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, sin que haya lugar a la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa.
  7. En los supuestos contemplados en los artículos 185.2 y 188.1 de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, el procedimiento regulado en el presente artículo podrá ser incoado por la Consejería competente en materia de urbanismo, si transcurridos diez días desde la formulación del requerimiento al Alcalde para que adopte el pertinente acuerdo municipal, este no haya sido atendido.

 

Como puede verse, si analizamos la gravedad de sobrepasar el tiempo permitido de estacionamiento en zona azul no tiene ni grado de comparación con la construcción sin licencia en zonas de especial protección, que incluso puede llegar a ser una conducta constitutiva de delito, por tanto la pregunta es por qué me llega una multa de la O.R.A en semanas a mi domicilio y otras personas puede permitirse el lujo de construir donde quieran sin que el Ayuntamiento siga el procedimiento legalmente previsto.

Cristina Acevedo

CLÁUSULA-SUELO: GANAR CON COSTAS Y PAGAR A HACIENDA.

Las costas procesales tributan en IRPF como ganancia patrimonial, ¿lo sabía?

Añadimos una actualización que realiza la Agencia Tributaria:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_/_INFORMACION/Novedades/Publicadas_en_2017/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_Ley_1_2017__de_20_de_enero__de_medidas_urgentes_de_protecc__lausulas_suelo_.shtml
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Desde que se iniciara el periplo de las reclamaciones con motivo en la cláusula-suelo han sido muy diversas las actuaciones de los operadores jurídicos pero siguen quedando cuestiones que los ciudadanos desconocen y una de ellas, que sin duda será motivo de sanciones importantes, es la tributación de las costas procesales. Cualquiera puede pensar que si una persona contrata a un abogado al que paga para que realice un trabajo y posteriormente gana el juicio con costas, éstas últimas no deja de ser un reembolso de lo que al principio de las actuaciones pagó a su propio abogado, pero la Dirección General de Tributos no lo considera así, sino que  indica que el pago inicial a su letrado es un “gasto de consumo”, es decir, irrelevante a efectos fiscales, como cuando pagamos un hotel para pasar un fin de semana de vacaciones, o nos vamos al cine. Sin embargo, cuando se recupera el dinero se entiende por el organismo citado que hemos tenido una variación en nuestro patrimonio o en términos del propio impuesto, una “ganancia patrimonial”, y lo peor de todo es que tampoco podemos consignar lo que pagamos al principio como como una pérdida patrimonial, sino que siguiendo el criterio de la Agencia Tributaria tenemos que pagar sí o sí.

Con motivo de las cláusula-suelo hay personas que no han anticipado honorarios a sus abogados pero esta circunstancia no es ningún obstáculo para pagar al fisco, pues igualmente ha ganado el juicio con costas, por lo cual, todo aquel que gane un juicio debe solicitar la factura a su abogado aunque no le haya pagado nada directamente, a fin de evitar ser sancionado por Hacienda. Lo mismo ocurre en los casos de allanamiento a la demanda por las entidades bancarias en que conste un pronunciamiento sobre las costas.

La injusticia del caso es manifiesta, pues se supone que si alguien reclama algo y el Juzgado le da la razón es porque el demandado no cumplió con la “ley”, y es el demandante quien se ve obligado a acudir a los Tribunales para reclamar aquello a lo que tiene derecho y en ese caso se considera que ha tenido una ganancia “extra” por la que debe pagar. A cambio, quien pierde el juicio puede consignar una pérdida patrimonial en su propia declaración de renta por haber incumplido con el demandante y negarle lo que le correspondía, por lo cual, obliga al demandante a litigar y además, lo que pague en concepto de costas al demandante va a reducir los impuestos a pagar. ¿A que parece raro? Pues lo es más aún, pues en un proceso nos encontramos con una parte demandante que es quien inicia los trámites del proceso, es decir, quien interpone una demanda, pero el demandado –que no siempre va a perder el juicio porque también puede tener razón- no elige nada, sino que un día se ve implicado, con razón o sin ella, en un juicio que acabará con un pronunciamiento sobre las costas. Si analizamos la cuestión se pueden dar las siguientes situaciones:

  • Demandante que gana con costas-demandado que pierde con costas:

– El demandante paga a su abogado sin repercusión fiscal y tributa por las costas recibidas de la parte contraria como ganancia aumentando lo que le pudiera salir a pagar.

– El demandado paga a su abogado sin repercusión fiscal y tributa por las costas como pérdida, reduciendo lo que le pudiera salir a pagar.

  • Demandante que pierde con costas-demandado que gana con costas:

– El demandante paga a su abogado sin repercusión fiscal y tributa por las costas como pérdida, reduciendo lo que le pudiera salir a pagar.

– El demandado paga a su abogado sin repercusión fiscal y tributa por las costas recibidas de la parte contraria como ganancia aumentando lo que le pudiera salir a pagar, teniendo en cuenta que nunca fue a juicio a exigirle nada al demandante, sino que fue al revés, se vio involucrado en un juicio sin hacer nada.

Aunque parece lógico sobre el papel, no lo es tanto, pues el demandante cuando litiga y gana es porque había un derecho preexistente sobre el que se pronuncia el Juez, por lo cual, solo si va a juicio (descartando otras formas extrajudiciales de solución de conflictos) se le reconoce su derecho y el demandado es “castigado” por no haber dado al demandante lo que le correspondía y haberle obligado a acudir  a los Tribunales en defensa de su pretensión. Sin embargo cuando el demandante pone una demanda a sabiendas de que no tiene derecho a lo que reclama obliga al demandado a defenderse en juicio, por lo que si la sentencia da la razón al demandado reconociendo que el actor no tenía ningún derecho, se le obliga a tributar por las costas como ganancia, sin tener en cuenta que quien demanda toma una decisión de llevar a cabo unas actuaciones judiciales, pero al demandado le cae la demanda “como un jarro de agua fría” pues no puede evitar que otra persona le demande.

Pero la “broma” no acaba aquí, pues puede ocurrir que usted no esté obligado a realizar la declaración de la renta porque su salario no supera los límites por rendimientos del trabajo, pero las costas procesales se consideran ganancia patrimonial, normalmente sin retención, por lo cual, si el límite de sus rendimientos (nómina/ingresos de autónomos, intereses del banco y la condena en costas) es superior a 1000€ está obligado a hacer la declaración y deberá incluir no solo el importe de la condena en costas sino todos sus rendimientos, por lo cual personas desempleadas, jubilados, pensionistas y otras con escasos o nulos ingresos pueden resultar obligadas a hacer la declaración, con la posibilidad de que al ser una minuta sin retención pudiera darse el caso de que le saliera a pagar. En el caso de contribuyentes que tengan ingresos del trabajo o actividad económica sometidos a retención o ingreso a cuenta, verán cómo la inclusión de una ganancia patrimonial aumenta su tributación, pues el IRPF no es un impuesto proporcional sino progresivo, por lo cual, a mayor renta, mayor tributación y el importe retenido por su empresa no contempla la existencia de esta ganancia.

Asimismo los intereses percibidos también deberá incluirlos en su declaración de la renta.

En último lugar, debe tener en cuenta que si en su día se practicó deducción por adquisición de vivienda y ahora obtiene una devolución parcial de aquellos importes, la deducción que le corresponde es menor que la que se practicó, por lo cual deberá restituir las deducciones indebidamente practicadas.

En conclusión, para evitar sorpresas, pida a su Abogado la sentencia firme, la factura y la resolución que ponga fin a la tasación de costas y liquidación de intereses, y recuerde incluirla en su declaración de la renta.

 

Cristina Acevedo

 

CLÁUSULAS SUELO: ¿SE PUEDEN REVISAR LAS SENTENCIAS FIRMES QUE SÓLO DETERMINARON LA RETROACTIVIDAD HASTA 2013?

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El artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:

  1. Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas.
  2. Son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado.
  3. Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas.
  4. Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo dispuesto en ella.

La firmeza de las sentencias se produce, de modo muy simplificado, para dar seguridad de que la decisión tomada por el juzgador no se va a cambiar en el futuro y debe cumplirse, de tal manera que si alguien tiene derecho, por ejemplo, a una subvención en una fecha determinada, una vez reconocido dicho derecho en una sentencia se deberá hacer efectivo para el demandante aunque en el momento de dictarse la sentencia ya no esté vigente o hayan cambiado las circunstancias. Estrechamente unido a la firmeza de la sentencia se produce el efecto de “cosa juzgada”, que también sirve para dar seguridad jurídica a las resoluciones judiciales provocando que una vez que un asunto ha sido juzgado, no puede volver a repetirse el juicio, salvo determinadas causas tasadas que pueden dar lugar a la revisión de la sentencia firme, que se contienen en el art. 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone:

  1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:

1.º Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

2.º Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente.

3.º Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

4.º Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.

  1. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

La interpretación de los criterios para poder revisar una sentencia firme la da el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de febrero de 2016 (Id Cendoj: 28079110012016100066) que se transcribe parcialmente:

SEGUNDO.- La pretensión de revisión.

1.- Fundamenta su pretensión revisora la parte demandante en las siguientes y resumidas alegaciones: (i) Esta Sala dictó sentencia con el número 719/2012, el 5 de diciembre de 2012, en el recurso de casación nº 1362/2009 , sin esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara sentencia resolviendo la cuestión prejudicial C-414-11, pese a que el 14 de junio de 2012 ya se le había anunciado a la Sala la existencia de dicha cuestión. (ii) El TJUE resolvió la cuestión prejudicial por sentencia de 18 de julio de 2013 , en la que dijo que « no debía considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo (ADPIC)…. una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico» . (iii) Si la Sala hubiera esperado al dictado de dicha sentencia, su resolución hubiera sido otra, y al no haberlo hecho así, dictó una sentencia injusta, por lo que la ahora demandante tiene que abonar una indemnización a cuyo pago no debería haber sido condenada.

 2.- La demanda de revisión se formula conforme al ordinal 1º del artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistente en el recobro u obtención, después de pronunciada la sentencia, de documentos decisivos de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. El documento en que la parte apoya su pretensión es la mencionada STJUE de 18 de julio de 2013 , publicada en el DOUE de 7 de septiembre siguiente.

TERCERO.- Jurisprudencia de la Sala sobre el motivo de revisión invocado y su aplicación al caso.

 1.- La jurisprudencia de esta Sala exige los siguientes requisitos para que pueda prosperar este motivo de revisión alegado: a) Que los documentos se hayan obtenido (o, en su caso, recobrado) después de pronunciada la sentencia firme cuya rescisión se pretende; b) que no se haya podido disponer de los documentos para el proceso en que hubiera recaído dicha sentencia por causa de fuerza mayor o, en su caso, por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado la sentencia; c) que se trate de documentos decisivos para el pleito, esto es, con valor y eficacia para resolverlo; y d) que los requisitos expresados se prueben por la parte demandante, a quien incumbe la correspondiente carga procesal ( SSTS de 12 de abril de 2011 , 4 de julio y 13 de diciembre de 2012 y 8 de mayo y 29 de octubre de 2015 ). Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la revisión de sentencias firmes, por su naturaleza extraordinaria, supone una excepción al principio esencial de irrevocabilidad de las sentencias que hayan ganado firmeza, al estar en juego el principio de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución y el principio procesal de autoridad de cosa juzgada.

 2.- También tiene dicho esta Sala que el documento recobrado ha de tener existencia con anterioridad al momento en que precluyó para la parte la posibilidad de aportarlo al proceso, en cualquiera de las instancias, ya que la causa de no haber podido el demandante de revisión disponer de él ha de ser, en la previsión legal, no su inexistencia en aquel momento, sino la fuerza mayor o la actuación de la otra parte ( SSTS de 4 de mayo de 2005 , 31 de marzo de 2006 , 26 de febrero de 2007 , 18 de marzo de 2009 , 22 de diciembre de 2010 y 10 de junio de 2013 ). Es decir, es preciso que los documentos en los que se funde la pretensión revisora ya existieran con anterioridad a la sentencia cuya revisión se pretende, si bien no pudieron tenerse en cuenta en el momento de dictarla, por fuerza mayor o por obra de la otra parte ( sentencias de 13 y 29 de octubre de 2015 ).

3.- Pues bien, sobre tales bases, la demanda de revisión no puede prosperar, porque: (i) La sentencia no es un documento a los efectos procesales pretendidos ( sentencias de esta Sala de 8 de junio de 1992 , 17 de junio de 1995 , 24 de septiembre y 23 de noviembre de 2002 y 25 de enero de 2005 ), sino una resolución jurisdiccional que establece determinada doctrina legal. El citado art. 510.1.a) LEC se refiere a los documentos mismos, es decir, al soporte material que los constituye y no, de entrada, a los datos en ellos constatados o a su contenido. (ii) En todo caso, la sentencia del TJUE es de fecha posterior a la resolución cuya revisión se pretende, por lo que no tiene encaje en el art. 510.1 LEC . Como fácilmente se puede colegir, una sentencia posterior no puede constituir tal documento decisivo, por la razón evidente de que no existía al dictarse la que se pretende revisar. (iii) Tampoco es un documento retenido por la otra parte, ni su falta de disposición por la demandante se debió a fuerza mayor.

 4.- El recurso de revisión es un remedio procesal excepcional encaminado a atacar el principio de la cosa juzgada, por lo que ha de circunscribirse a los motivos taxativamente señalados en la Ley, que además deben ser interpretados de manera estricta. Por tanto, el recurso de revisión nunca puede ser susceptible de conformar una tercera instancia, ni convertirse en un modo subrepticio de reiniciar y reiterar un debate ya finiquitado mediante una sentencia firme, sin que proceda, a su través, examinar la actuación y valoración probatoria llevaba a cabo por el Tribunal que dictó la sentencia impugnada, dado que su finalidad no es ésa, como tampoco la de resolver de nuevo la cuestión de fondo, ya debatida y definida en la sentencia recurrida.

CUARTO .- La posibilidad de revisión de una sentencia firme a consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha posterior.

 1.- Este problema ha sido sometido a consideración del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, generalmente mediante el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos judiciales nacionales. El primer pronunciamiento del Tribunal Europeo tuvo lugar en la sentencia de 13 de enero de 2004 (C-453/00), caso Kühne & Heitz . La cuestión de fondo se refería a la posibilidad de revisar un acto administrativo firme (de naturaleza tributaria) como consecuencia de una sentencia posterior del TJUE, concretamente, la sentencia del caso Voogd Vleesimport en -export , C-151/93. La respuesta del TJUE fue afirmativa, siempre y cuando la legislación nacional permita tal revisión de un acto administrativo firme. Esta doctrina fue reiterada en dos casos similares, en las sentencias de 12 de febrero de 2008, asunto C-2/06 , caso Kempter , y 13 de marzo de 2008, asunto C- 383/06 , caso Vereniging .

2.- Por el contrario, cuando se trató de revisar una sentencia firme, el Tribunal, en la sentencia de 16 de marzo de 2006, asunto C-234/04, caso Kapferer , sostuvo, tras resaltar la importancia de la cosa juzgada en un sistema presidido por el valor de la seguridad jurídica, que el Derecho comunitario no impone la revisión de las sentencias firmes cuando tal posibilidad no está prevista en la normativa procesal nacional (como sucedía en el país del que provenía el asunto, Austria). Al mismo tiempo, recordó que las legislaciones procesales internas deben respetar los principios de equivalencia y efectividad.

3.- La sentencia de 3 de septiembre de 2009, asunto C-2/08 , caso Olimpiclub , no trató propiamente la posibilidad de revisar una sentencia firme, sino la extensión de la cosa juzgada a casos posteriores, prevista en el Derecho italiano en un régimen similar al de la cosa juzgada positiva o prejudicial del Derecho español. No obstante, en dicha sentencia afirma textualmente: «22. A este respecto, procede recordar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico comunitario como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de fuerza de cosa juzgada. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos ( sentencias de 30 de septiembre de 2003 , Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, apartado 38, y de 16 de marzo de 2006 , Kapferer, C-234/04 , Rec. p. I-2585, apartado 20). »23. Por consiguiente, el Derecho comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una vulneración del Derecho comunitario por la decisión en cuestión (véase la sentencia Kapferer, antes citada, apartado 21)».

4.- De lo expuesto, cabe concluir que la jurisprudencia del TJUE no ha desarrollado una doctrina acerca del problema de la revisión de resoluciones administrativas y judiciales firmes que permita afirmar que una sentencia posterior de dicho Tribunal posibilite revisar una sentencia firme dictada por un tribunal español.

5.- En nuestro ordenamiento jurídico no existe previsión legal respecto a dicha posibilidad de revisión. El legislador español ha tenido ocasión reciente de hacerlo, y sin embargo únicamente ha previsto un mecanismo especial de revisión cuando se trata de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( apartado 2 del art. 510 LEC , en redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio) pero no ha incluido igual solución para las sentencias del TJUE.

QUINTO .- Decisión de la Sala. En atención a lo expuesto, la demanda de revisión debe ser desestimada, sin necesidad de plantear cuestión prejudicial, puesto que su objeto ya ha sido resuelto por el TJUE al resolver otras cuestiones prejudiciales ( STC 58/2004, de 19 de abril ). Con las consecuencias legales inherentes a tal desestimación, consistentes en la imposición de las costas a la demandante y la pérdida del depósito constituido por dicha parte ( art. 516.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Sin que pueda hacerse exención de costas por las dudas de derecho que plantea el caso, al no prever el precepto esta excepción; y sin que tampoco quepa apreciar temeridad a efectos de su imposición.

A la vista de todo lo anterior, no parece posible que se puedan revisar las sentencias firmes anteriores a la del TJUE que sólo retrotrajeron a 2013. Si se pregunta si puede presentar nueva demanda para solicitar lo anterior, el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo descarta porque esa cuestión ya ha sido juzgada, incluso en el caso de que no se hubiera solicitado la retroacción desde el momento inicial, por tanto se habrán de estudiar las sentencias y las demandas caso por caso para poder dar una respuesta ajustada a Derecho.

Cristina Acevedo

¡¡¡ABOGADOS CÓRDOBA-ACEVEDO YA TIENE SU PROPIO “HACKER”!!!

hades

Desde hace unos días nuestra web está recibiendo continuos ataques con la indudable intención de provocar la desaparición de nuestro espacio virtual en la red. Aunque pueda parecer una incongruencia, les damos las gracias a nuestro “hacker” por hacernos saber que nuestro trabajo no pasa inadvertido para alguna o algunas personas, que lejos de argumentar con razones jurídicas o normas lo que venimos manifestando en los procedimientos que tenemos vigentes en estos momentos, intentan hacernos callar, no con razones, sino ocultos detrás de un ordenador. La impotencia de quien nos ataca desde la oscuridad nos hace sentir un orgullo desmedido, pues no hay mayor reconocimiento social que pretender acallar a quien tiene razón, pues de lo contrario, si hubiera argumentos válidos para desvirtuar nuestras manifestaciones, sólo tendrían que hacerlos valer por los cauces oportunos y si no tuviéramos razón ¿para qué hacernos invisibles?

En la mitología griega Hades era el dios de los muertos y tenía un yelmo de piel de perro –regalo de los cíclopes por haberles liberado del Tártaro- que le hacían invisible como a la muerte. Como las personas no podían verle y para no hacerle enfadar, jamás se pronunciaba su nombre, sino que le llamaban “Plutón el rico” pensando que adulándole pasarían inadvertidos ante tan temido dios.

Nuestro “hacker” nos está regalando un yelmo como a Hades, pues nos pretende hacer invisibles sin darse cuenta de que su intención y sus torpes acciones nos está empoderando –como a “Plutón el rico”- pues los abogados no nos caracterizamos por satisfacer las pretensiones de todas las personas con las que nos relacionamos profesionalmente, sino que cada vez que defendemos a alguien, asumimos la inevitable consecuencia de enfrentarnos a otra persona, provocando que quien se vea perjudicado por nuestras actuaciones profesionales muestre una animadversión manifiesta hacia nosotros. En conclusión, queremos decirle a nuestro “hacker” que puede hacer desaparecer nuestra página de Google, pero quizás hubiera sido más efectivo que nos hubiesen “convertido” en Casandra, la gran adivina a quien nadie creía a pesar de sus acertados vaticinios.

 

Cristina Acevedo

Bibliografía: Pierre Grimal- “Diccionario de Mitología griega y romana”. Ediciones Paidós.

LOS “SIN-AGUA” DE JEREZ DE LA FRONTERA

20170114_154943¿Piensa que todos sus vecinos disponen de agua potable cuando abren el grifo? Pues la respuesta es NO. Cada día se cruzará con personas que basan su consumo de agua en la ingesta y utilización de agua embotellada que han de adquirir a un precio bastante elevado. Pero ¿por qué se producen estas situaciones? La realidad nos demuestra que el proceso constructivo no siempre estuvo ligado al cumplimiento de normas urbanísticas, sino que, dependiendo de la fecha y situación de los terrenos, se construyeron viviendas que un día estuvieron en pleno campo, sin embargo las ciudades han ido creciendo y esas viviendas aisladas han pasado a ocupar parte del entramado urbano.     Algunas de esas viviendas pueden ser legalizadas porque cumplen con las normas urbanísticas que hoy están vigentes, y otras no, de manera que se dan situaciones en que las personas se ven obligadas a prescindir de agua potable en sus tuberías hasta que se comience un proceso urbanizador que en la gran mayoría de los casos se demorará por decenios y mientras los vecinos han de vivir sin agua. En otros casos la situación es bastante diferente pues se han comprado viviendas “sobre plano” y el constructor ha abandonado la construcción sin acabar las obras de urbanización, así que los vecinos tienen sus viviendas acabadas, han pagado el precio total de las mismas, pero las obras de urbanización se han dejado a medias y el Ayuntamiento no les permite conectarse a la red pública de abastecimiento de aguas. Otra de las situaciones que se están produciendo últimamente es la utilización de edificaciones sin licencia como consecuencia de los desahucios por impago de los préstamos hipotecarios, situaciones en que las familias han de ir a vivir a cualquier sitio antes de quedarse literalmente en la calle. Por último, tenemos los casos que se han calificado como de “pobreza energética” en la que un inmueble está conectado a la red de abastecimiento de aguas pero por no poder pagar su ocupante los recibos de la empresa suministradora se ve privado de ella. En definitiva, las situaciones en que nuestros vecinos se ven privados de agua potable son de lo más variopintas, pero debemos ser conscientes de que ésta es la realidad de nuestros días.
Quienes no tengan conocimiento de este tipo de casos se preguntará cómo es posible que existiendo campañas humanitarias en los diferentes medios de comunicación, para facilitar el acceso al agua potable a la totalidad de los ciudadanos de los países emergentes y en vías de desarrollo, estemos conviviendo con personas, que en un país desarrollado como el nuestro, no dispongan del líquido elemento, pues a diario vemos en televisión a personas en extrema situación de pobreza que no tienen agua y para buscarla de un pozo han de caminar varios kilómetros cada día y aquí parece que esta situación no se produce. La respuesta hemos de buscarla en las normas urbanísticas y en la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Sería muy largo de explicar cómo se produce la distribución de competencias entre las diferentes Administraciones que adoptan las decisiones por las que nos vemos afectados los ciudadanos, pero en resumen se puede afirmar que son los Ayuntamientos quienes deciden a qué vecinos se les permite el acceso al agua potable y a quiénes no y la decisión se basa exclusivamente en las normas urbanísticas y así, cuando un terreno ha sido urbanizado y el Ayuntamiento da la conformidad, permite la conexión a la red de suministro de agua potable y a otros servicios, de tal suerte que si no se reúnen los requisitos los terrenos no accederán a la misma. Sin embargo no siempre es así, y existen terrenos en Jerez de la Frontera, calificados como suelo urbano no consolidado donde se permite el acceso al agua potable a unos vecinos y a otros no, lo que genera una situación de discriminación sin justificación alguna pues si los terrenos no están debidamente urbanizados no se les debe permitir el acceso al agua potable a ninguno de los vecinos, y si se da acceso a este preciado bien a algunos de ellos se les debería dar a todos, pues no es admisible que el Ayuntamiento respete las normas y exija su cumplimiento solo a determinados vecinos y no a todos. Las razones que justifican estas decisiones por parte de las personas que ocupan en cada momento el puesto de la Alcaldía a mí no me son conocidas, pero es manifiestamente injusto pues a los ciudadanos se les debe dar un trato equitativo sin establecer diferencias injustificadas que redunden en claro perjuicio para determinados vecinos o se beneficie excesivamente a otros dejándolos al margen de la Ley en su propio interés.
Desde nuestro despacho se ha iniciado la vía previa a la judicial, mediante presentación de solicitud en el propio Ayuntamiento con fecha de entrada 10 de enero de 2017, para evitar este tipo de injusticia y se dé igual trato a todos los habitantes del municipio. Depende de la Alcaldesa que se reparen este tipo de agravio con facilidad o que se deba acudir a los Tribunales para dar solución a estos problemas vitales, y por ello le recomendamos que si está en una situación similar contacte con nuestro despacho para buscar una solución justa o solicite Justicia Gratuita para que un abogado especialista en Derecho Administrativo pueda ayudarle a conseguir lo más importante: que todas las personas puedan disponer de agua potable.

Cristina Acevedo

¿ES “BRANDY DE JEREZ” O ME DAN “GATO POR LIEBRE”?

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Ahora que se acercan las fechas navideñas en las cuales es corriente regalar licores entre otros presentes, vamos a aprovechar para conocer uno de los destacados de nuestra tierra, el Brandy.

La denominación de origen “Brandy de Jerez” tiene como objeto distinguir, a la vez que proteger, un Brandy con unos estándares de calidad. Su regulación legal se contiene en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de 13 de Junio de 2005, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica “Brandy de Jerez” y su Consejo Regulador (BOJA Núm. 122 de 24 de junio de 2005), en la que se define como bebida espirituosa obtenida a partir de aguardiente y destilados de vino envejecida en vasijas de roble según el sistema tradicional jerezano de “Criaderas y Solera”.

¿Cuál es la materia prima a partir de la cual se obtiene el “Brandy de Jerez”?

Éste se elabora a partir de aguardientes y destilados de vinos de Jerez, así tenemos:

Tipos de Aguardientes de vino Graduación alcohólica
Aguardientes de vino de Baja Graduación (holandas) No superior al 70% vol.

Más del 50% en grado alcohólico del brandy elaborado

Aguardientes de vino de Media Graduación Entre 70% y 86% vol.

Más del 50% en grado alcohólico del brandy elaborado

 

Aguardientes de vino de Alta Graduación (destilados de vino) Superior a 86% vol.

 

En cuanto al proceso de elaboración se ha de respetar escrupulosamente lo que el Reglamento denomina “Normas de Envejecimiento”. Los aguardientes y destilados de vino se deben depositar  en “vasijas de envejecimiento” que son las botas de madera de roble de capacidad inferior a 1000 litros previamente envinadas con vinos de Jerez. El sistema de envejecimiento es el conocido como de “Criaderas y Solera” que clasifica los aguardientes en diferentes niveles de envejecimiento o escalas, llamadas comúnmente “criaderas” siendo la de mayor envejecimiento la “Solera”. El procedimiento consiste en ir sacando periódicamente una parte del contenido de una determinada escala que se repone inmediatamente con el contenido de la criadera siguiente, esta operación se repite hasta la última criadera.

En función de su contenido en sustancias volátiles y el tiempo de envejecimiento expresado en UBE (Unidad Básica de Envejecimiento devengado por un litro de alcohol absoluto después de un año en la bota) se clasifican de la siguiente manera:

Tipo de Brandy (Graduación alcohólica = o > 36% vol y máx. azucares 35 grs por litro)
Contenido de sustancias volátiles
Tiempo de envejecimiento
Brandy de Jerez Solera
 mínimo 150 grs/Hl de alcohol a 100% vol.
6 meses
Brandy de Jerez Solera Reserva
mínimo 200 grs/Hl de alcohol a 100% vol.
1 año
Brandy de Jerez Solera Gran Reserva
 mínimo 250 grs/Hl de alcohol a 100% vol.
3 años

Finalmente el producto debe pasar el control del Comité de Cata del Consejo Regulador y obtener, como último requisito, informe favorable respecto de las cualidades organolépticas.

El contenido íntegro de este artículo procede de la legislación citada. Si desean más información pueden consultar la página web del Consejo Regulador  Brandy de Jerez (http://www.brandydejerez.es/nuestra-filosofia/el-consejo-regulador) o dirigirse a nosotros a través del formulario de contacto.

Rafael Rodríguez

¿SE AJUSTA SU BUZÓN DE CORREOS A LA NORMATIVA VIGENTE?

20161102_184542Las características que deben reunir los buzones de correos se recogen en el art. 34 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de  los servicios postales.

En dicho precepto a los buzones se les denomina “casilleros domiciliarios” y establece que en los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o más popularmente conocidos como bloques de pisos, la entrega de las cartas se puede hacer en los buzones o casilleros siempre que haya un número igual de buzones que de locales y viviendas más uno más señalado con el número 1, reservado para las devoluciones de las cartas. Indica también que los buzones deben estar numerados a partir del número 2 y se colocan de manera correlativa a contar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ordenados por pisos y puertas. Estos datos indicados son obligatorios y opcionalmente pueden hacerse constar el nombre y apellidos de los residentes en la vivienda o la denominación social si son personas jurídicas.

Para garantizar el secreto y la inviolabilidad de los envíos postales, el conjunto de casilleros o buzones se han de instalar en un lugar de fácil acceso y buena iluminación, fijados a la pared y a una altura que permita una utilización cómoda.

Resulta curiosa la previsión de este precepto al indicar que si el operario de correos o de otro operador postal tuviera conocimiento de la existencia de inmuebles que no dispusieran de buzones, comunicarán esta circunstancia a la comunidad de vecinos correspondientes para que los instalen, advirtiéndoles que hasta que no concluya dicha instalación la entrega de los envíos dirigidos a los vecinos se realizará en la oficina postal que corresponda.

Cuando se trate de unifamiliares o locales independientes la entrega se puede realizar en un buzón que esté cerca de la puerta principal o sobre ella y se debe hacer constar obligatoriamente el nombre de la calle y el número u otros datos identificativos de la dirección postal como puede ser el nombre de la urbanización o polígono y el número de parcela, pudiendo hacerse constar los nombre y apellidos de los residentes o la denominación social si se trata de una persona jurídica.

Ahora que ya sabemos qué datos han de figurar obligatoriamente en nuestro buzón de correos, solo falta que comprobemos que constan todos nuestros datos para evitar la devolución a la oficina de correos.

Cristina Acevedo

MULTAS DE TRÁFICO

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de su página web comparte una información que puede ser muy útil para evitar multas o minimizar sus efectos, tanto por exceso de velocidad como por otras infracciones. Como puede verse el importe de las sanciones depende de la velocidad máxima permitida y la velocidad alcanzada por el vehículo infractor, por tanto si no queremos perder puntos y pagar una multa muy elevada lo mejor es respetar las normas de cada vía y si nos excedemos en un momento puntual que no supere los límites que se comprenden en la imagen siguiente:

sanciones-por-velocidad Fuente DGT

otras-sanciones

Fuente DGT

Si necesita una información más concreta puede solicitarla en el formulario de contacto.

Cristina Acevedo

SORTEO DE MIEMBROS DEL JURADO PARA JUICIOS PENALES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

jurado

El próximo 27 de septiembre a las 13 horas se procederá al sorteo para la selección de los candidatos a jurado en la Oficina de Gubernativos de la Audiencia Provincial de Cádiz (BOP Cádiz 178).

Este sorteo se efectúa en cada provincia dentro de los últimos 15 días del mes de septiembre de los años pares. El número de candidatos a jurado depende de las valoraciones que hacen los Presidentes de las Audiencias Provinciales que formulan una previsión del número de personas que puedan resultar necesarias dependiendo de las causas penales abiertas y de las enjuiciadas en años anteriores. Para asegurarse de que no faltan candidatos, la ley exige que el número previsible de candidatos necesarios se multiplique por 50, de manera que puede ocurrir que se incluyan a personas como candidatas y no sean llamadas nunca.

El nombre de los candidatos se extrae del censo electoral vigente y se envía a los Ayuntamientos para que sean expuestos públicamente, por tanto, en breve debe ser expuesta la lista en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz.

Una vez celebrado el sorteo la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral envía la lista de los candidatos ya seleccionados a la Audiencia Provincial y ésta la remite a cada Ayuntamiento de la Provincia y al Boletín Oficial para que se exponga y publique durante los últimos 15 días de octubre. En este plazo el Secretario de la Audiencia Provincial notifica por correo a cada candidato su inclusión en la lista.

Dado que existen causas de incapacidad, incompatibilidad y excusa para ser jurado, los candidatos pueden alegarlas durante los 15 primeros días del mes de noviembre ante el Juez Decano de los de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial al que corresponda el municipio donde resida. También existe la posibilidad de que cualquier ciudadano formule reclamación contra la inclusión de otras personas en dicha lista de candidatos si entiende que incurre en causa de incompatibilidad o no reúne los requisitos necesarios para dicha designación. Estas alegaciones deben ser resueltas antes del 30 de noviembre y frente a dicha resolución no cabe recurso alguno.

Una vez efectuadas las rectificaciones necesarias tras el periodo de alegaciones anteriormente mencionado, se elaboran las listas definitivas que son trasladadas por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral al Presidente de la Audiencia Provincial y éste la envía al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma y al Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como a los Ayuntamientos de su provincia para que sea expuesta durante los dos años en que pueden ser llamados dichos candidatos.

Si precisa más información o desea que gestionemos su reclamación por ser incluido en la lista bianual de candidatos a jurado para los juicios penales puede concertar cita a través del formulario de contacto o por teléfono.

 

Cristina Acevedo

PERROS Y BOZALES EN ANDALUCÍA

20160805_210032Son muchos los años que llevamos ya con las Leyes sobre perros potencialmente peligrosos y salvo algunas razas menos frecuentes, todos los ciudadanos sabemos distinguir, de manera aproximada,  qué razas son potencialmente peligrosas y las que no. En general la dificultad se encuentra en aquellos animales que presentan características comunes con varias razas, lo que coloquialmente se conoce como “mestizos”, pues a menudo son cruces de razas potencialmente peligrosas con otras que no, lo que genera la duda de si el titular debe obtener la licencia para la tenencia de estos canes o si el perro debe llevar bozal sobre todo cuando no se conoce a los progenitores del animal en cuestión y no se puede determinar a qué razas corresponde. En parte estas dudas se resuelven en Andalucía a través de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de protección de los animales, cuyo articulado establece:

Artículo 12. Circulación por espacios públicos.

  1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales.
  2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación.

Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal.

  1. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y espacios públicos, salvo en aquellas zonas autorizadas a tal efecto por el Ayuntamiento correspondiente.

Por tanto, en Andalucía cualquier perro de más de 20 kgs. de peso debe llevar bozal con independencia de su raza. Ahora la pregunta es ¿de verdad se respetan las normas sobre bienestar animal cuando debes llevar a un perro por la calle con bozal a 40 grados a la sombra?

Cristina Acevedo

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS DE LAS CAJAS DE MEDICAMENTOS?

¿Nunca se ha preguntado qué significado tienen los símbolos que aparecen en la parte superior derecha en las cajas de medicamentos? La respuesta viene regulada en el Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Es importante conocer esta simbología porque ello le permitirá una mejor clasificación y uso de los medicamentos así como saber si se lo dispensarán en su farmacia sin receta médica.

Los símbolos son los siguientes:

a) Dispensación sujeta a prescripción médica:

b)Dispensación con receta oficial de estupefacientes de la lista I anexa a la    Convención Única de 1961

c) Medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas incluidas en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre:

d) Medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas incluidas en el anexo II del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre:

e) Conservación en frigorífico:

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f) Medicamentos que pueden reducir la capacidad de conducir o manejar maquinaria peligrosa:

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g) Medicamentos que pueden producir fotosensibilidad:

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h) Símbolo Internacional de radiactividad recogido en la norma UNE-73302 de 1991, sobre distintivos para señalización de radiaciones ionizantes:

Sin título3

i) Símbolo de gas medicinal comburente:

 

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j) Símbolo de gas medicinal inflamable:

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Finalmente hay otro símbolo muy común, cuyo significado es que el medicamento tiene una caducidad inferior a 5 años, sin bien no se recoge en la normativa citada.

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En breve explicaremos también el significado de las letras que aparecen asociadas a estos símbolos que por ley deben figurar en los envases de medicamentos en España.

 

Cristina Acevedo Moreno

AÑO DE OPOSICIONES

Desde hace varios meses nuestro despacho está recibiendo solicitudes de asesoramiento en relación a los programas de las oposiciones que se ofrecen en nuestro país. El servicAño de oposicionesio que ya estamos ofreciendo se dirige a opositores de policía, justicia, medicina legal y, en general a todos aquellos opositores cuyo programa establece una parte jurídica no siempre fácil de comprender.

No somos preparadores de oposiciones sino que resolvemos todas las dudas que se le puedan plantear durante el estudio y cuyo desconocimiento obligan a realizar un esfuerzo extraordinario de memorizar los conceptos que no se entienden.

Las consultas son individualizadas y no suponen ningún compromiso de consultas futuras, sino citas previamente concertadas a interés y conveniencia de los usuarios. Si se preparan en grupo, se pueden realizar consultas conjuntas, máximo 4 ó 5 personas, preferentemente sin formación jurídica.

Para más información pueden contactar con nosotros sin compromiso alguno.

Días inhábiles 2016 a efectos de cómputo de plazos

Días inhábiles 2016

Días inhábiles 2016

Días inhábiles 2016

Días inhábiles 2016

En el BOE de 18 de noviembre se publicó la pertinente resolución por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016.  Por tanto, ya sabemos que cuando nos den un plazo por parte de la administración, hay días que no se cuentan, pero debemos tener cuidado de leer bien y asegurarnos que nos dan los plazos en “días hábiles”, pues de lo contrario podríamos caer en un error de terribles consecuencias.

En defensa del bienestar animal

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Centro Zoosanitario Jerez de la Frontera

En Abogados Córdoba-Acevedo hemos notado un incremento en el abandono de animales domésticos, perros y gatos. Sin entrar a valorar las circunstancias en que se encuentran a estos animales y dado que no podemos colaborar adoptando directamente a todos cuantos se anuncian cada día, este despacho, dentro de su labor social, ofrece un descuento del 10% de nuestros honorarios para aquellas personas que adopten a un animal abandonado. Los únicos requisitos son acreditar documentalmente que se ha formalizado dicha adopción y deberán aportar el número de microchip. El plazo de validez de nuestro descuento será de un año, (salvo que no tenga en su poder al animal), en los despachos de Jerez de la Frontera y de Cádiz.

                                                                                           
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LOTERÍA DE NAVIDAD COMPRADA POR LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

Lotería de Navidad

Lotería de Navidad

Ahora que se acerca la Navidad se acostumbra en nuestro país a comprar la Lotería de Navidad y la del Niño entre todos los trabajadores de una empresa. Esta práctica, en principio tan lógica, deriva en multitud de problemas cuando el boleto sale premiado, pues es un título al portador y significa que cualquiera que lo “porte” podrá cobrarlo,  por ello recomendamos encarecidamente que se haga un simple contrato en el que se indique quiénes son los compradores de los décimos, cuánto pagan cada uno y el compromiso de repartir el premio entre ellos. Por supuesto, cada persona que participe deberá conservar una copia del contrato y de los décimos.

Si precisa más información puede contactar con este despacho a través del formulario de contacto.

Cristina Acevedo Moreno

SORPRESAS QUE DAN LAS HERENCIAS

En  Derecho español cuando aThe-Beach-House-01-800x529lguien acepta una herencia pura y simplemente acepta el patrimonio del fallecido pero dentro de éste no solo caben bienes sino también sus deudas, por ello puede ocurrir que no recibamos una maravillosa casita en la playa sino que tengamos que pagar sus deudas con el dinero que hemos ido ahorrando en nuestra vida. Para evitar una sorpresa desagradable debemos tener la precaución de informarnos acerca de las consecuencias que tiene la aceptación de la herencia, pero ya les adelantamos que existe lo que se conoce como “aceptación a beneficio de inventario”, y así podrán evitar pagar las deudas de su pariente fallecido con su propio patrimonio.

Si precisa de más aclaraciones sobre el tema puede formular su consulta a través de nuestro formulario de contacto.

Cristina Acevedo Moreno

SI ME DIVORCIO ¿CUÁNTO TENDRÉ QUE PAGAR DE PENSIÓN A MIS HIJOS?

Consejo General del Poder JudicialEn los procedimientos de divorcio se ha de  aportar una propuesta, conocida por todos como “convenio regulador”, donde se establecen las medidas necesarias para regular las relaciones de los ex cónyuges y de éstos con sus hijos comunes. Entre otros elementos se determina el importe que ha de satisfacer el progenitor que no conviva con los hijos, o dicho más correctamente, el que no tenga la guarda y custodia. Llegados a este punto quiero dejar bien claras dos cuestiones:

1.- Que ambos padres están obligados por igual al mantenimiento de sus hijos en proporción a su capacidad económica.

2.- Que en este artículo se hablará del progenitor que conviva con el hijo y del progenitor que no conviva con el hijo, por cuanto entiendo que ni el padre  debe estar obligado siempre y en todo caso a pagar la pensión, ni la madre debe estar obligada siempre y en todo caso a quedarse con la guardia y custodia de los hijos. Por tanto, a fin de evitar prejuicios,  generalizaciones y discriminación, se prescindirá de toda referencia al sexo del obligado al pago de la pensión.

Para la determinación judicial del importe correspondiente a la pensión por alimentos, y siempre que no medie acuerdo entre los cónyuges, el Juez ha de ponderar todos los elementos determinantes de la capacidad económica de ambos progenitores, es decir, la percepción de rentas, rendimientos profesionales o empresariales, y también las cargas que se han de asumir. En definitiva el Juez debe comprobar cuánto dinero les queda a cada uno de los cónyuges y en función de ese indicador, establecerá la pensión que estime justa.

Fueron muchas las voces que reclamaron un sistema de determinación más objetivo  pues dependía del Juez que llevara el asunto el que la cuantía fuera una u otra, y en casos idénticos se daban resoluciones que nadie podía prever. Por esta razón, y ante las críticas continuas a un sistema de determinación que provocaba una tremenda situación de inseguridad jurídica y un sentimiento de injusticia  en quien se obligaba a pagar más en situaciones en que otros progenitores pagaban menos, se ha elaborado un baremo que resulta aplicable con carácter general, lo que facilita que se llegue a un acuerdo entre los cónyuges sin necesidad de litigar durante años, pues son cuantías que están publicadas por el Consejo General del Poder Judicial y constituyen un “preaviso” de lo que previsiblemente determinaría cualquier Juez español.

No obstante, las tablas tienen un carácter orientador, por lo que no vinculan a Jueces o Tribunales, lo que no significa que aumenten o disminuyan discrecionalmente las cuantías señaladas, sino que ha de haber una motivación por parte del Juez, es decir, que se dará una explicación de por qué se modifica este criterio general, y lo mismo puede ser aumentando los importes que disminuyéndolos.

Es interesante la distinción que se hace entre supuestos de custodia compartida y custodia de uno de los progenitores y ello es lógico, pues en casos de custodia compartida el tiempo de permanencia con el menor será determinante en la cuantía de la pensión. En cambio, en los casos de custodia monoparental, el progenitor que convive con el hijo está mucho más tiempo con éste que el otro progenitor, lo que necesariamente conlleva a un desequilibrio en los gastos que uno y otro ha de soportar y que necesariamente han de tener reflejo en la cuantía de la pensión. Por tanto, antes de comparar las pensiones con otros progenitores, hemos de ser conscientes de que esta diferente consideración dará resultados diferentes y, en caso de querer solicitar una modificación de medidas para adecuar la pensión a las circunstancias concurrentes, se debe examinar la doble consideración prevista en el baremo.

Se ha de tener en cuenta que al resultado que determine el baremo se han de añadir los gastos de educación y los proporcionales de vivienda del menor. En el caso de custodia de uno de los progenitores, si se atribuye al cónyuge que conviva con el hijo el uso de la vivienda familiar, el progenitor que no conviva con el hijo no habrá de pagar nada respecto de la vivienda del menor, pues ya le está facilitando una. Tampoco incluyen las tablas los gastos extraordinarios ni los gastos en que se pueda incurrir en casos de especiales necesidades de los hijos.

Como factor de corrección se utiliza el lugar de residencia del menor, pues en función de la Comunidad Autónoma y la población en que viva el índice de vida es diferente, por lo que se pretende adecuar las pensiones al gasto real.

Finalmente, en los casos en que el obligado al pago percibiera ingresos por debajo de los 700€, no se aplicarían las tablas, sino que se determinaría judicialmente lo que se conoce como una pensión mínima o de subsistencia.

A continuación facilitamos el enlace a la página del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde se puede hacer el cálculo aproximado  de la pensión:

http://pensionesaa.poderjudicial.es/pensionesaa/

Para cualquier cuestión, no dude en consultarnos a través del formulario de contacto.

 

Cristina Acevedo Moreno

 

 

 

¿QUÉ PASA SI HE VISTO UNA AGRESIÓN Y NO LO DENUNCIO?

Comisaría Jerez de la FronteraEn nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal se indica que debe presentar denuncia quien haya visto cómo se comete un delito público, que son casi todos los que se reflejan en el Código Penal. No están obligados a denunciar:

  • Los niños
  • Las personas privadas de razón
  • El cónyuge del delincuente
  • Los ascendientes, descendientes, por consanguinidad o afinidad y colaterales hasta el segundo grado
  • Abogados y Procuradores por los hechos que les cuenten sus clientes
  • Los eclesiásticos respecto de los datos que les revelen sus fieles

Sin embargo estas personas pueden presentar la denuncia, pues la ley no les obliga a hacerlo pero tampoco se lo impide.

Si no se presentara la correspondiente denuncia, podríamos ser sancionados con multa de 25 a 250 pesetas. La cuantía a día de hoy es ridícula pero hemos de pensar que a veces una denuncia a tiempo puede salvar una vida, por lo tanto, debe pesarnos más el deber moral que nos obliga a auxiliar a otras personas que la cuantía de la multa. Pero ¿y si cupiera  la posibilidad de que acusaran a quien no denuncie del delito de omisión del deber de socorro?

Como la explicación es breve y sencilla, si necesitara alguna aclaración puede enviar su consulta a través del formulario de contacto.

Cristina Acevedo Moreno

¿POR QUÉ DICEN DENUNCIA CUANDO QUIEREN DECIR DEMANDA?

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Me preguntaba un cliente la semana pasada por qué era tan frecuente oír en algunos programas televisivos hablar indistintamente de denuncia y demanda, como si fueran la misma cosa. Por desgracia es habitual que eso ocurra y bastaría con prestar un poco de atención para saber la diferencia grosso modo. Así que para que todos sepamos la diferencia sin necesidad de ser letrados vamos a explicarlo a continuación.

Demanda: Es un escrito donde pedimos a un Juzgado de lo Civil, de lo Contencioso o de lo Social algo a lo que creemos que tenemos derecho. En muchos casos es preciso que vaya firmada por abogado y procurador pero hay procedimientos que por la cuantía o la materia no lo requieren. Este escrito inicia un juicio en el que reclamamos que se obligue a otra persona a hacer algo concreto, como puede ser pagar un dinero, entregar una cosa, anular una sanción de la administración, una indemnización por despido, etc. Si nos dan la razón, seguramente tengamos que pedir la ejecución de la sentencia en otro procedimiento judicial porque casi nadie la quiere cumplir en plazo voluntario. También puede ocurrir que el Juzgado nos desestime la demanda y en ese caso lo más habitual es que nos obliguen a pagar el abogado y el procurador de la otra parte.

Denuncia: Es poner en conocimiento de la autoridad unos hechos que pudieran ser calificados como delito y sirve para iniciar un procedimiento en el que se imponga un castigo al delincuente. No hace falta abogado pero si es un hecho complejo recomiendo anotar todos los detalles y si es asesorado por un jurista mejor. En una denuncia el tema principal es un presunto delito, pero si el Juzgado correspondiente estima que no concurren los requisitos para que se considere un delito, se archivará el procedimiento sin que debamos pagar el abogado y procurador de la otra parte, salvo que hayamos mentido al interponer la denuncia, en cuyo caso podemos ser acusados por un delito de acusación y denuncia falsa.

Ahora ya sabemos que la demanda y la denuncia no son iguales,  y como las definiciones anteriores son simples e incompletas para facilitar su comprensión, les invitamos a que nos planteen sus dudas en el formulario de contacto donde estaremos encantados de atenderle.

Cristina Acevedo Moreno

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